Paso a la verdad

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Hasta hace unos meses tenía algunas dudas sobre la guerra contra la agresión terrorista en el plano militar y de inteligencia, debido a la falta de información y a la avalancha de versiones periodísticas que, durante los últimos 15 años, aseguraban de manera constante y sistemática que todas o casi todas las víctimas de esa respuesta de las fuerzas del estado democrático eran inocentes ajenos al enfrentamiento.

Sin embargo, durante el juicio a Alberto Fujimori todos los testimonios brindados han permitido conocer que las víctimas del llamado grupo Colina eran terroristas comprobados; aunque también, y por desgracia que debemos lamentar profundamente, hubo algunas víctimas inocentes propias del daño colateral inevitable en todo conflicto armado, como sucedió en el episodio de los Barrios Altos. Por cierto, nuestro estado no fue el que desató la violencia.

En el caso de La Cantuta, en cambio, los testimonios revelan que los alumnos que murieron eran activistas conocidos de la organización de fachada senderista Movimiento Juvenil Popular (MJP) y controlaban de hecho, bajo la amenaza, el comedor universitario y la movilidad y la residencia estudiantil, que eran utilizados como parte de la logística del aparato armado de Sendero.

Sabemos ahora que aquellas ejecuciones extrajudiciales no fueron indiscriminadas, que los militares no actuaron indiscriminadamente contra cualquier estudiante elegido al azar para aterrar a todo el alumnado de La Cantuta, sino contra los senderistas o pro senderistas identificados por agentes especiales infiltrados en el mismo seno de la banda de Abimael Guzmán.

En este punto, los “derechohumanistas” han falseado los hechos al presentar a los agentes infiltrados como criminales que buscaban para hacer daño a gente inocente, cuando en verdad son soldados – como el agente “Abadía” – que arriesgan su vida en defensa de la democracia. Sin embargo hoy están presos y son humillados, mientras los terroristas salen libres tras ser declarados “víctimas”.

Es que el poder caviar, con malicia y perfidia, le ha hecho creer a la gente que las prácticas de inteligencia militar – entre ellas la eliminación selectiva de terroristas en tiempos de guerra – están reñidas con la democracia y son monopolio de los regímenes “autoritarios”, lo cual es una mentira más grande que una catedral.

Lo ha dicho Uri Ben Schmuell, con valentía y coraje sin igual, en su columna del pasado miércoles: “La mayoría de los países democráticos tiene grupos especiales para neutralizar terroristas. Porque las eliminaciones selectivas no son violaciones a los derechos humanos, sino un medio eficaz que permite al Estado defenderse de quienes quieren sembrar la muerte y la destrucción. Y eso no es “guerra sucia”, como claman los “derechohumanistas”. No existe tal cosa como una guerra “limpia”. Es guerra a secas. Y demanda lo que sea necesario para ganarla”.

La gran verdad que acabamos de descubrir durante el juicio a Alberto Fujimori es que es falso que el estado peruano y sus fuerzas armadas hayan aplicado una política de violación general, indiscriminada y sistemática de los derechos humanos de la población civil “ajena al conflicto”.

Los testimonios de todos los militares que han declarado, y los documentos presentados, prueban que en el plano político hubo una estrategia de pacificación respetuosa de los derechos humanos de la población y que en el plano militar se cumplió esa directiva, pero también hubo un grupo de militares que eliminó de manera selectiva a terroristas, previa identificación plena de estos, en el marco de un enfrentamiento armado feroz desatado por el terrorismo.

La actuación de ese grupo, según los mismos testimonios, se dio sin conocimiento de las autoridades y al margen de la ley, pero es falso que haya sido en perjuicio de inocentes ajenos a la agresión terrorista.

Esta realidad desbarata la versión de la Comisión de la Verdad (CVR) sobre los casos puntuales de La Cantuta y Barrios Altos, y pone en entredicho la veracidad de los demás casos que ha denunciado la CVR como violaciones de derechos humanos, al surgir dudas fundadas sobre si es cierto que todos aquellos muertos, heridos y desaparecidos que la CVR presenta como víctimas del estado eran de veras inocentes, o eran en realidad terroristas o colaboradores del terrorismo.

Cuando comenzó la agresión armada senderista, en 1980, Abimael Guzmán instauró la llamada “regla de oro”, una consigna obligatoria para todos los senderistas que caen detenidos: negar su militancia, y también negar la militancia de aquellos que caen heridos o muertos, para acusar al estado de un supuesto “genocidio” de inocentes.

Las ONG que lucran con los derechos humanos conocen este hecho – está en el informe final de la CVR – y aún así sostienen por años la versión falsa de que los de La Cantuta, por ejemplo, han sido “víctimas inocentes”. ¿Por qué?. Porque necesitan hacerlo para darle veracidad a su versión de que el estado “atacó indiscriminadamente” a la población civil.

En esto coinciden con Sendero Luminoso cuando éste llama “genocidio” a las muertes de sus militantes y de los miembros de sus “fuerzas locales” y “comités de base” que fueron abatidos por las fuerzas de la democracia durante las décadas de los años 80’ y 90’.

Por eso es una necesidad que los casos denunciados por la CVR sean revisados a la luz de una perspectiva verdadera de lo que sucedió en la agresión armada senderista contra la nación peruana, sin manipulación política, ni ideológica. Que la verdad se abra paso, sí señor.
(victor.robles.sosa@hotmail.com)

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