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En el juicio a Alberto Fujimori, los abogados de las ONG Aprodeh e IDL, que patrocinan a los familiares de los terroristas ejecutados ilegalmente, y también el fiscal, citan con frecuencia el informe de la “comisión de la verdad” (CVR) como si fuese prueba, jurisprudencia o un documento oficial del estado que recoge la historia de la agresión terrorista contra el Perú, sin ser nada de eso.

Vale la pena por ello refrescar la memoria de nuestros lectores acerca del contenido de aquel nefasto informe que no sólo tergiversa la historia sino que la manipula con fines políticos subalternos.

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La complicidad ideológica de los dueños de la ONG Aprodeh con la banda terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) está presente en el informe de la Comisión de la Verdad (CVR).

Al analizar a los que llama “actores del conflicto”, el informe de la CVR llega a conclusiones duras sobre las FFAA, los gobiernos, los partidos, SL, la prensa, etc.; pero sobre el MRTA no concluye nada, silencio.

Muy distinto es cuando se refiere a Sendero Luminoso (SL). Dice que éste, “por su carácter inherentemente criminal y totalitario, despectivo de todo principio humanitario… es una organización que, en cuanto tal, no puede tener cabida en una nación democrática y civilizada…”.

Paso a la verdad

Hasta hace unos meses tenía algunas dudas sobre la guerra contra la agresión terrorista en el plano militar y de inteligencia, debido a la falta de información y a la avalancha de versiones periodísticas que, durante los últimos 15 años, aseguraban de manera constante y sistemática que todas o casi todas las víctimas de esa respuesta de las fuerzas del estado democrático eran inocentes ajenos al enfrentamiento.

Sin embargo, durante el juicio a Alberto Fujimori todos los testimonios brindados han permitido conocer que las víctimas del llamado grupo Colina eran terroristas comprobados; aunque también, y por desgracia que debemos lamentar

Persecución selectiva

Una de los mayores engaños que ha cometido la llamada Comisión de la Verdad (CVR) en agravio de las personas que creen de buena fe en ella, es la manipulación política de los llamados “casos judicializados” en contra de militares a los que acusa de supuestas “violaciones de los derechos humanos”.

Quienes creen que la CVR actuó con claridad e imparcialidad en ese tema se equivocan. Los miembros de esa comisión, unos de manera consciente y otros como “tontos útiles”, discriminaron políticamente a quienes “debían” acusar ante la justicia.