Reflexione usted, señora juez

Lori Berenson saldrá de prisión dentro de pocos días, a menos que la juez Yessica León Yarango reflexione sobre su resolución original favorable a la terrorista estadounidense y comprenda que su deber como magistrada es preservar un bien supremo de nuestra nación: la paz social.

IDL Y TRIBUNAL COMPLOTAN CONTRA EL TC

El juicio al ciudadano Julio Salazar Monroe pasará a los anales de la Judicatura peruana como uno de los abusos judiciales más indignos que se hayan cometido en agravio de un ciudadano.

La Fiscal contra la legalidad

La Fiscal de la Nación ha llegado al cargo que ostenta tras una larga carrera como magistrada, por tanto debemos suponer que conoce muy bien los principios del Derecho, en particular los que tienen que ver con la defensa de la legalidad, que le corresponde cautelar por mandato constitucional.

Por ello extraña que la doctora Gladys Echaiz haya ordenado una tercera investigación fiscal a la congresista Keiko Fujimori Higushi sobre hechos que ya han sido materia de dos indagaciones anteriores que han durado una década entera.

Dicha decisión va en contra del principio de los plazos razonables que garantiza el derecho humano al debido proceso. Según este principio, el Poder Judicial está impedido de juzgar a un ciudadano por tiempo indefinido, debe cumplir los plazos fijados por la ley sobre la materia.

De la misma manera, el Ministerio Público tampoco puede investigar a nadie por tiempo ilimitado porque toda indagación echa sombras de duda sobre la honra del investigado y ello afecta el derecho fundamental al buen nombre.

Echaiz ha dicho que es una investigación distinta, pero ella sabe bien que no es verdad. Es por el presunto pago de los estudios superiores de los hijos de Alberto Fujimori con dineros del Estado, tema hartamente investigado.

Lo único diferente es que esta vez han incluido en las pesquisas a otros dos hijos del ex presidente, Sachi Marcela y Kenyi Gerardo.

La decisión de Echaiz ha sido criticada por el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, quien correctamente ha señalado que no le parece bien que se insista con una investigación ya realizada durante diez años sobre un tema que además ya habría prescrito.

Similar reacción han tenido personas de sectores muy diversos, como por ejemplo el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, o el periodista Jaime Bayly. El rechazo es casi unánime, excepto, como siempre, en las filas del toledismo y la izquierda.

Tengo entendido además que la justicia chilena absolvió a Fujimori de esta acusación cuando fue incluida en el pedido de extradición enviado a Chile.

Por el lado político, si los maquinadores de la nueva acusación querían dañar la candidatura de Fujimori no han podido se más torpes, porque la zancadilla es tan burda que mas bien la fortalece.

Lo grave es que la acusación coincide con una campaña del diario toledista-caviar La República, en un juego perverso harto conocido: La República “denuncia”, hace campaña, y luego el Ministerio Público convierte la imputación mediática en acusación fiscal, aún cuando no haya pruebas. Ejemplos de este concierto antidemocrático abundan.

Este arreglo evidente y escandaloso confirma que persiste la injerencia política en la justicia por parte de la izquierda toledista y de un sector del Apra al que pertenece Echaiz. Negarlo es querer tapar el sol con un dedo.

Más grave es que la tropelía que comentamos ultraja los derechos fundamentales al permitir que cualquier persona sea acosada indefinidamente por un fiscal. Si esto le sucede a una representante del Congreso de la República imaginémonos lo que podría sucederle a un simple ciudadano.

El Colegio de Abogados u otra institución democrática deberían interponer una acción legal contra la resolución de Echaiz, no en defensa de la congresista Fujimori, sino en salvaguarda de la seguridad y la libertad de todos  los ciudadanos porque esto es lo que está en juego.