¿Cuánto se puede torcer la justicia?

¿Cuánto se puede torcer la justicia con fines políticos?. Esta pregunta saltó abruptamente en mi mente cuando escuché, anonadado, que los ex agentes de inteligencia Julio Chuqui Aguirre e Isaac Paquiyauri, sindicados como autores materiales de las ejecuciones extrajudiciales atribuidas al llamado Grupo Colina, habían sido condenados a cuatro y seis años de cárcel, respectivamente, en una sentencia anticipada de la politizada sala Villa Bonilla.

Con los beneficios penales correspondientes, más el tiempo que han pasado antes en prisión, Chuqui y Paquiyauri no tendrán que cumplir la condena, deben salir libres muy pronto.

Justicia política

El tribunal Villa Bonilla ha sentenciado a 35 años de cárcel al ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Julio Salazar Monroe, tras hallarlo culpable de ser “autor mediato” de las ejecuciones extrajudiciales del caso La Cantuta por haber formado parte de un “aparato criminal organizado desde el poder”.
El tribunal ha resuelto que las ejecuciones se realizaron “siguiendo y cumpliendo una línea de mando”, y que Salazar “tenía dominio del hecho”. De esta manera, ha elevado a la categoría de fallo judicial otra falacia de la Comisión de la Verdad.

¿Cuál corrupción?

Los resultados de la última encuesta nacional de Apoyo muestran dos cifras preocupantes: el 70% desaprueba la gestión del presidente Alan García (26% de aprobación), y 43% cree que el principal problema del país es la corrupción, por encima del desempleo (38%) y la pobreza (36%) y la delincuencia (28%).

A juicio nuestro, esas cifras responden a percepciones erradas, pero comprensibles, de los ciudadanos sobre la situación económica y la corrupción. Por ejemplo, el 57% cree que el alza de precios de diversos alimentos básicos es culpa al gobierno, cuando se debe a la caída de la oferta mundial de alimentos causada por el crecimiento global de los sembríos para biocombustibles.

Equilibrio peruano

Difícil el dilema que tuvo que enfrentar el Perú durante la crisis política entre Ecuador y Colombia, al haber tenido que optar entre la defensa del principio de la soberanía territorial y la defensa de la democracia frente a la amenaza del terrorismo en la región.

Más difícil aún a la luz de los intereses nacionales que están en juego luego de la presentación de la demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en la que necesariamente Ecuador tendrá que ser tomado en cuenta por esa autoridad jurisdiccional.

Paso a la verdad

Hasta hace unos meses tenía algunas dudas sobre la guerra contra la agresión terrorista en el plano militar y de inteligencia, debido a la falta de información y a la avalancha de versiones periodísticas que, durante los últimos 15 años, aseguraban de manera constante y sistemática que todas o casi todas las víctimas de esa respuesta de las fuerzas del estado democrático eran inocentes ajenos al enfrentamiento.

Sin embargo, durante el juicio a Alberto Fujimori todos los testimonios brindados han permitido conocer que las víctimas del llamado grupo Colina eran terroristas comprobados; aunque también, y por desgracia que debemos lamentar

Democracia y odio

Quien escribe estas líneas es un periodista independiente, ajeno a los movimientos políticos fujimoristas, por lo tanto me asiste toda la autoridad para levantar mi voz de rechazo por la manera en que se desprestigia a la democracia en el caso Fujimori.

Me refiero a la denuncia de Kenyi Fujimori sobre el trato que viene recibiendo en prisión su padre, Alberto Fujimori, pese a tener éste la investidura de ex presidente constitucional de la república.

¿Chávez tiene la culpa?

Importantes analistas políticos acaban de señalar que en el Perú hay dos tipos de operadores del chavismo: los que creen en esa ideología – que propone regresar al estatismo que arruinó al país llevándolo al borde de la desintegración – , y los que actúan por dinero.

Quiero referirse a los primeros, y resaltar que son principalmente jóvenes de bajo nivel educativo y escasa cultura política, fácilmente seducibles por el discurso demagógico sobre “ricos versus pobres”.